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El justicialismo considera perjudicial la emisión de título de deuda

 El justicialismo considera perjudicial la emisión de título de deuda

 

La oposición local teme que el Estado quede con menor capacidad de inversión y disponibilidad de fondos. Critican lo que llaman endeudamiento irresponsable

Si bien estaba previsto en la ley que prorrogó la emergencia sanitaria en la provincia por la estadía de la pandemia del COVID-19 con su segunda ola, que Mendoza tome acciones financieras de emergencia, no dejó de sorprender la decisión política de la administración provincial de emitir bonos de emergencia pata palear el grave déficit que hoy tiene este estado provincial cuyano.

Para el Gobierno de Mendoza, el paso dado a través del Ministerio de Hacienda, con su titular Lisandro Nieri, sirven para enfrentar importantes baches que está dejando la pandemia del coronavirus y como consecuencia de ello, la abrupta baja de la recaudación y esos flancos débiles que no le permitirían a la actual administración local enfrentar compromisos de pagos, comprometidos oportunamente.

De allí, la importancia de emitir esos bonos dentro de la emergencia sanitaria que padece la provincia por $3.000 millones.

Ante este panorama, la oposición, esencialmente el justicialismo comenzó a analizar en la Legislatura el porqué de esta emisión que dispuso Rodolfo Suarez, a pesar de la autorización legislativa incluida en la prórroga de la ley de emergencia sanitaria, como ya se observó.

Además, indican desde el Frente de Todos, que el año pasado no se emitió ningún bono, cuando la provincia había informado oficialmente un déficit de $22.000 millones.

 

Compleja situación financiera que se profundiza con la pandemia
Para interiorizarnos aún más sobre el análisis que hace el justicialismo, diario El Ciudadano, entrevistó a la diputada María Liliana Paponet (FT). Quien respondió en primera instancia sobre esta emisión de bonos de emergencia: “Era algo que veíamos como una posibilidad, debido a la compleja situación financiera que atraviesa la provincia y que claramente se ve profundizada con la pandemia”.

 

—¿Cómo lo deducen?

—Teniendo en cuenta dos cosas, el peso de la deuda pública que desde el Frente de Todos se viene planteando año tras año cuando se trata del presupuesto. Al respecto, hoy Mendoza tiene que afrontar vencimientos como en el mes de junio en alrededor de $5.400 millones correspondiente al Bono 21 con intereses por $708 millones. También, hacer frente a la emisión de letras de tesorería por $1.500 millones, con lo que queda demostrado que los niveles de deuda de Mendoza son altísimos”.

 

—Todo un problema.

—Sí, la verdad que la Provincia se encuentra ahogada financieramente, con el percance que estos gastos de deuda han superado con creces la recaudación de los impuestos provinciales. Algo que marca la imposibilidad de hacer frente a estas obligaciones, por lo que tenemos claro que esto es una deuda para pagar deudas, que nos hace estar atentos a que esta deuda no sea para pagar gastos corrientes como son los sueldos y los aguinaldos de la administración pública.

 

Preocupa el compromiso de capacidad de inversión de Mendoza en obra pública
—Ante este estado de situación, ¿condiciona a la provincia en los tiempos que vienen?

—Claro que condiciona el futuro de Mendoza, toda deuda que toma de manera irresponsable trae consecuencia. Lo que hoy vivimos en Mendoza, con su situación financiera angustiante, es consecuencia de la mala utilización de esta herramienta financiera en gobiernos anteriores.

“Durante el gobierno de (Alfredo) Cornejo se colocó un bono de US$ 590 millones, eso fue totalmente irresponsable porque compromete el destino de generaciones futuras. Además, esto trajo este desequilibrio financiero que se ha profundizado por la pandemia”, amplió la legisladora.

 

—¿Se achican los recursos?

—Todos sabemos que el Estado necesita recursos para cumplir con sus obligaciones, los mis mismos se obtienen a través del financiamiento. También, aumentando impuestos o disminuyendo servicios. Lo que quiere decir, que cuando se toma deuda de manera irresponsable termina impactando en una prestación pobre de servicios y en la capacidad de inversión que tiene la provincia en la obra pública, en la inversión de capital.

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