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Colombia niega entrada a OEA y CIDH ante denuncias de violación de DDHH

 

 

El Gobierno de Colombia negó la entrada al país de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pidieron visitar el país para verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas que se presentan contra el Ejecutivo desde el 28 de abril.
"Tenemos en estos momentos solicitudes de la CIDH, del propio secretario [de la OEA, Luis] Almagro. Les hemos dicho que consideramos que todas las visitas son bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar a que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea, investigar cada uno de los casos y organizar en el curso de las próximas semanas las visitas", dijo la vicepresidenta y canciller delegada, Marta Lucía Ramírez, de visita en Washington.
La declaración, difundida a través de redes sociales, se dio luego de que Ramírez se reunió este lunes 24 con Almagro y con la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido.
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En días pasados la CIDH pidió al Gobierno colombiano que permita un ingreso al país de una comisión para evaluar denuncias de abuso policial en el marco de la protesta social, lo cual también es pedido por el Comité Nacional del Paro (CNP), que lidera las manifestaciones mientras busca entablar negociaciones con el Gobierno que permitan levantar el paro nacional.
Tras conocer las declaraciones de Ramírez, la CIDH pidió a través de su cuenta en Twitter que se investiguen y sancionen los hechos denunciados.
"La CIDH urge al Estado de Colombia a investigar y sancionar diligentemente los hechos denunciados y prevenir actos de violencia en este contexto, y reitera su llamado a un diálogo que aborde las demandas de la población, en el marco del respeto a DDHH", expresó el tribunal.

A su vez, la organización no gubernamental colombiana Temblores expresó su preocupacio´n en esa red social por la negativa del Gobierno colombiano al ingreso de la CIDH al país.
"Manifestamos nuestra preocupación por la negativa del Gobierno ante la solicitud de la visita de la CIDH a Colombia. El precedente que sienta es gravísimo porque limita la posibilidad de verificación de DDHH en un contexto en el que los organismos de control no están funcionando", tuiteó la ONG.

Ramírez inició el viernes 21 una visita a Estados Unidos para reunirse con diferentes sectores en el marco de las protestas que se desarrollan en Colombia y para pedir cooperación en la lucha contra el COVID-19.
Desde este lunes 24 y hasta el jueves 27 la funcionaria permanecerá en Washington, donde prevé reunirse con altos representantes del Gobierno y del Congreso estadounidense y de organismos multilaterales, luego de que inició su vista el viernes en Nueva York.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, calificó el lunes como "alarmante" la decisión del Ejecutivo de Colombia de negar "en este momento" el ingreso al país de delegados de la CIDH.
"Alarmante postura del Gobierno colombiano. (El presidente) Iván Duque pierde oportunidad de mostrar voluntad política para reconocer las graves violaciones de DDHH que cometen las fuerzas de seguridad bajo su mando. Rechazar la visita de la CIDH es parte de un enfoque negacionista muy peligroso", dijo Guevara-Rosas en su cuenta de Twitter.

Colombia cumplió el lunes 24 de mayo 27 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones han seguido y el miércoles 19 de mayo la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.
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Al menos 50 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las que al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.

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