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En su tierra natal cuestionan que Suarez avale el avance de dos proyectos mineros

 

 

En San Carlos, cuna de la ley 7722 de protección del agua, un grupo de ambientalistas aseguró que el aval que le dio la Legislatura al proyecto minero de Hierro Indio abre la puerta para que avancen dos proyectos más ubicados en esa comuna: Picos bayos (cobre) y Papagayos (cobre y oro). "El próximo gobierno provincial pretende avanzar con estos proyectos y con eso sólo van a garantizar una gran conflictividad social, porque acá no lo vamos a permitir", adelantaron. Desde el entorno del intendente Jorge Difonso, confiaron que su sucesor, Rolando Scanio y varios intendentes oficialistas más están en contra de modificar la ley 7722 para permitir el avance de la minería.


"Es una locura que el gobierno provincial avale el hecho de seguir aportando agua a estos proyectos mineros cuando atravesamos la sequía más dura de la historia de Mendoza. Que en ese contexto avalen proyectos como Picos Bayos o Papagayos es darle a la minería el agua de los mendocinos. Acá no se los vamos a permitir porque además los grandes ríos que teníamos hoy son lágrimas", remarcó Daniel Funes, del grupo de Vecinos Autoconvocados de San Carlos.

Según la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), en la provincia hay hoy 30 proyectos factibles para extraer minerales como uranio, cobre, oro, plomo y plata, y entre ellos, dos están en territorio sancarlino: Picos bayos y Papagayos.

El arroyo Papagayos es afluente del Aguanda, y junto con el Yaucha, riega el sur del Valle de Uco. A principios de la década del 2000, la actividad minera en esta zona provocó la formación de los Vecinos Autoconvocados de la región, y las masivas manifestaciones en defensa del agua frenaron los cateos y exploraciones. Tras esas protestas los sancarlinos consiguieron el apoyo legislativo para ampliar el área protegida de la reserva Laguna del Diamante, de 28 mil a 170 mil hectáreas y de esta manera se impidió la actividad minera.

Ahora el gobernador electo, el sancarlino Rodolfo Suarez, ha admitido que la actual ley 7722 "ha impedido inversiones de empresas mineras", abriendo así la posibilidad de modificarla.

"En San Carlos salimos a defender nuestra agua en el 2007 cuando logramos que se sancionara la ley y vamos a defenderla. Nos duele que tanto Cornejo como Suarez se olviden de representar a su pueblo y que crean como otros tantos legisladores, que las empresas mineras desarrollan a los pueblos, eso no es así ni acá ni en ninguna parte del mundo", recordó Funes. 

Varios intendentes en contra de reformar la ley antiminera
El último intento de modificación de la ley 7722 se dio en noviembre del año pasado cuando en la legislatura se analizaron los proyectos de los legisladores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles. Sin embargo, esas iniciativas no prosperaron y en su contra alzaron la voz varios intendentes oficialistas, entre ellos el sancarlino Jorge Difonso y el alvearense Walter Marcolini. 

Hoy desde el entorno del saliente intendente y electo diputado provincial, Jorge Difonso, aseguraron que no sólo él mantiene su postura en contra de modificar la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos, sino que otros jefes comunales también mantienen la misma oposición.

Entre esos intendentes, además del alvearense reelecto Walter Marcolini, figurarían el tupungatino Walter Soto, el jefe comunal de Las Heras, Daniel Orozco, y el sucesor de Difonso, Rolando Scanio. 

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