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Nuevo Código de Faltas: En Mendoza ya existe la dictadura democratizada

 

Mendoza se convirtió en una nueva probeta dentro de ese neolaboratorio de experimentos macristas denominado Argentina. Conducida por Alfredo Cornejo, radical aliancista de Cambiemos y alfil ultraincondicional de Mauricio Macri, se volvió célebre porque la Cámara de Senadores local dio media sanción a un nuevo Código contravencional y pasado al recinto de Diputados, este mediodía tuvo sanción definitiva, aunque volverá a Senadores para tratar nuevamente algunos artículos. Cabe destacar que de los más de cien artículos expuestos para tratamiento por parte de la oposición, solo tres fueron aceptados hace días, acto que no ameritará posibles modificaciones conociendo el manejo de Cambiemos dentro de la Legislatura provincial.
 
A Cornejo no se le ocurrió mejor forma para recaudar que buscarle el pelo al huevo. Ofender en forma personal a un funcionario público tendrá una multa de $14.250. Si tu hijo insulta a un docente costará $9500. Entre los conceptos más insólitos está el de anunciar desastres, infortunios o peligros inexistentes, que llevará una multa de $1900.
 
Sin embargo, lo risible pierde su gracia cuando limpiar vidrios en un semáforo se convierte en un delito contravencional que conllevará una multa de $2850. O si tu hijo suma reiteradas inasistencias al colegio le costará al padre $5700. Aunque el terreno puede ponerse aún más escabroso en el caso de que un individuo “evidenciare una conducta sospechosa” será penado con $8550. 
 
Resulta interesante pensar cómo van a comprobarse todos estos hechos, muchos de los cuales se manifiestan como insensiblemente agraviantes y violentamente persecutorios. Como por ejemplo es el caso de manchar, ensuciar, pegar carteles o escribir en paredes, que supondrá una multa de $8550. Y la lista sigue. Está de más decir que, en el caso de no poder pagar las multas, el pseudo infractor cumplirá días de arresto.
 
Consultando a varios actores y actrices de la vida ciudadana mendocina para realizar una pormenorizada radiografía de este nuevo experimento de persecución PRO en el país, la revista Crítica arribó a las siguientes manifestaciones: 
 
Desde el colectivo de Ni Una Menos Mendoza, conformado por más de 70 organizaciones políticas y sociales, expresaron su preocupación ante el proyecto. Afirmaron que “se sustenta un paradigma ya superado en materia de derechos humanos y carece absolutamente de perspectiva de género, contradiciendo todos los avances que el movimiento de mujeres ha logrado en los últimos años. Retrocede a viejos esquemas en materia de niñez y adolescencia, salud mental, personas mayores, discapacidad, salud sexual, autonomía y criminalización de la protesta social; contrariando normas existentes en nuestra legislación y que poseen jerarquía superior ”, denunciaron.
Explicaron que, por ejemplo, en el artículo 83 del código titulado como “incitación pública a prácticas sexuales”, versa sobre “la incitación a prácticas sexuales” a cambio de dinero, condenando a las personas en situación de prostitución, a quienes no sólo sanciona sino que impone como obligación de conducta realizar el examen venéreo y de transmisión sexual y, en su caso, el tratamiento curativo; avanzando contra el derecho a la salud sexual y reproductiva , y la autonomía como principio de derechos humanos y acceso a la salud. Expresaron que estas problemáticas deben ser abordadas desde la salud pública, nunca desde la criminalización.
 
“ Las fuerzas de seguridad podrán detener a cualquier persona por no informar sus datos personales, suministrar datos falsos o por ‘conducta sospechosa’. De esta forma se refuerza la principal práctica abusiva de la policía, afectando gravemente el derecho a la libre circulación, sin control judicial, ni comunicación inmediata al juez y sin derecho de defensa”, explica Lucas Lecour, abogado de Xumex.
 
Afirma que “al no existir un control adecuado, ni estadísticas confiables de su eficacia como prevención del delito, su utilización queda al arbitrio individual del agente quien detener sin demasiado fundamento, con el consiguiente peligro que representa una detención arbitraria sin ningún control”. Lecour sostiene que lesiona criminalmente el derecho a manifestarse y reunirse. “Se reprime conductas que se encuentran garantizadas en todo estado de derecho y se imponen obligaciones que afectan gravemente su ejercicio, lo que permitirá seguramente la selectividad del sistema sancionador, persiguiendo sólo aquellas manifestaciones y reuniones que sean contrarias a los intereses del gobierno de turno”.
 
Menciona “el retorno del Desacato”, dice Lecour, al señalar que “se sanciona a quien ofendiere en forma personal a un funcionario público en razón de su cargo, no regulando ninguna conducta que implique ofensa del funcionario al particular, olvidando además que los políticos deberían tener un mayor grado de tolerancia por ser personas públicas que ejercen funciones electivas en una sociedad democrática frente a expresiones vertidas sobre su desempeño. La vaguedad o ambigüedad de algunos términos puede generar desigualdades en su aplicación”.
 
Antecedentes de repudio
 
“El lunes pasado se hizo una marcha docente multitudinaria que nunca la había visto en la historia de una provincia tan conservadora como Mendoza, esto me sorprendió”, cuenta la diputada provincial y presidenta de APDH Mendoza, Patricia Galván. En este contexto, explica que “el objetivo de Cornejo es criminalizar la protesta social, los vendedores ambulantes, los trapitos, los trabajadores de la economía popular” . Rememora que “Cornejo felicitó a un policía porque disparó contra una persona sospechosa de haber robado; es decir que responde a la misma filosofía que Patricia Bullrich”.
Galván afirma que Cornejo es “una persona tirana, que piensa que con este código va a evitar los conflictos que se vienen . A la gente ya no le importa un código de faltas. La gente va a salir a la calle porque tienen hambre, porque defienden la educación pública. Para Cornejo, todos los docentes son vagos. Y se basa en eso para cerrar carreras, como ocurre en el IES Tomás Godoy Cruz, donde cursan 25 mil alumnos, que está tomado, como tantos otros colegios de todo el país”.
 
“El director general de escuelas, Jaime Correas, y el mismo Cornejo, a través de este director, amenaza con penalizar a todos los docentes, alumnos, e inclusive legisladores, en una clara patoteada, con el fin de amedrentar y tener todo el poder absoluto para hacer lo que se le ocurra. La toma sigue”, sostiene.
 
La diputada describe: “esto recuerda a momentos parecidos que he vivido en 1976. En Mendoza hay varias facultades tomadas. Hubo denuncias sobre que, al ingresar a la ciudad universitaria, había un retén policial, bajaban del colectivo a las personas, les pedían el DNI y, a algunos, les tomaron las huellas digitales. Es terrible”.
 
Agregó que “en una de las últimas sesiones legislativas había -dentro del edificio- personal de Infantería fuertemente armado. Los senadores les preguntaron qué estaban haciendo ahí y el jefe de los de Infantería los echó a los senadores del propio recinto. No lo logró, pero lo intentó. Lo que estamos viviendo es sumamente peligroso. No pareciera que van a retrotraer este rumbo, sino que lo van a acentuar y profundizar”.
 
El silencioso camino del Fracking
 
Diego Montón es miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y de la Secretaría de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) Vía Campesina. “El gobierno de Cornejo viene ejerciendo una fuerte presión sobre la Justicia para perseguir y criminalizar a la protesta social. Hay dirigentes procesados por haber hecho manifestaciones públicas” , explica.
 
En este sentido agrega que “este año hubo un antecedente en el que un grupo completo de estudiantes que se manifestaron contra el fracking fueron imputados y llamados a indagatoria por presión del gobierno. Lo mismo pasó con un instituto que se manifestó contra los recortes en educación, todos fueron llamados a indagatoria. Esto sumado a multas a sindicatos que se manifestaron pacíficamente. Todo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y todo esto ocurre dentro del marco de la crisis que estamos viviendo”.
 
Emilia José, también del MNCI y CTEP, explicó que el nuevo código “impide el derecho a la protesta porque impone tener que pedir permiso a quienes ellos consideran las autoridades competentes”. Detalló además que “van a ser perseguidas aquellas personas que trabajen y desarrollen en su vida en el campo, porque impiden la circulación con armas blancas. Cualquier persona que trabaja en el campo y faena animales siempre tiene en sus ropas facas y cuchillos que permiten desarrollar ese trabajo”.
Por su parte, Montón agrega que “ estamos en un contexto donde se viene el fracking y hay mucha resistencia en Mendoza en ese sentido. Lo mismo ocurre con la lucha por la educación . El tema de prohibir la ofensa personal a funcionarios atenta contra la práctica del escrache, por ejemplo. Esta metodología se usa cuando distintos funcionarios no escuchan los reclamos populares, y no hablamos de manifestaciones violentas, sino de poder decir que no estamos de acuerdo con las decisiones que toman”.
 
En este sentido, aseguró que “ esto criminaliza la protesta social. También está el tema de la prohibición de organizar reuniones o manifestaciones en la vía pública en cuanto a lo que tiene que ver con acciones políticas sin la autorización del gobierno. Esto nos parece gravísimo “.
 
Montón destaca que “un tema central, como la actualización del código contravencional, carece de consenso político y social en Mendoza. Es un gran retroceso, porque los conflictos agrarios y por la tierra que tenemos, se dan en escenarios muy poco visibles, donde las maneras para darle visibilidad es a través de la movilización, el uso de redes sociales, y esto ahora aparece mucho más restringido”.
 
Hoy, mientras dentro de la Legislatura los diputados y diputadas debatían el Código de Faltas, una importante movilización se concentró en las puertas para rechazar el proyecto impulsado por el Gobernador Cornejo. El proyecto fue rechazado por más de 50 organizaciones sociales, políticas, sindicales y de DDHH por criminalizar la pobreza y la protesta social. Desde temprano en la mañana, fueron llegando a las puertas de la Legislatura organizaciones sindicales como el Sute, ATE, SATSAID, entre otras.
 
También se hicieron presentes organizaciones de DDHH, barriales y socioambientales. Decenas de estudiantes secundarios y universitarios también se movilizaron, resolución de la última asamblea interfacultades de la UNCuyo. Nada de esto alcanzó para revertir la aprobación de un Nuevo Código dictatorial a merced de un gobierno local autoritario y represivo.
 
El proyecto llega a límites sorprendentes, dignos de una sociedad autoritaria y semifeudal: se multa a los padres por lo que hagan sus hijos, en una insólita puesta de castigo a tercera persona (art. 50); se retoma la añeja y abandonada noción de "desacato" (art. 46), que se quitara en su momento por señalamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; se sanciona los contenidos que se escriban en las redes sociales (art. 55, inc. c), lo cual implica una peligrosa intromisión en la privacidad de los ciudadanos.
 
Las multas previstas son impagables para buena parte de la población, y las penas que se prevén, en procesos que no permiten que exista defensor oficial (debe ser pagado por el presunto "contraventor") conllevan largos arrestos hasta por 90 días.
 
Es un proyecto que confunde la moral con moralina. Sirve a desatar reacción contra los más débiles y contra los opositores políticos (se pena "organizar manifestaciones o reuniones públicas", art. 55 inc. i), a la vez que es altamente ambiguo en la definición de qué es aquello punible, con lo cual se permita enorme arbitrariedad en la interpretación de los casos (p.ej., se castiga "causar molestias o perturbaciones a alguien") (??). Claramente se hacen objeto de persecución trabajadoras sexuales ("incitación pública a prácticas sexuales", art. 83) y hasta mendigos ("mendicidad amenazante o agraviante", art. 89), en muestra de crueldad extrema. Para Cornejo, la provincia deberá ser mansa, manipulada y mancillada por gusto, antojo y conveniencia del poder de turno.
 
El poeta social mendocino, Lucio Albirosa, escribió un texto al respecto que ya se ha vuelto viral.
 
*Se aprobó en Nuevo Código de Faltas en Mendoza
 
Nos perseguirán en las redes.
No podremos protestar de ninguna manera.
No podremos juntarnos en reuniones 
sin previo aviso a cualquier mandamás.
Los artistas callejeros serán delincuentes,
los vendedores ambulantes también
Los cuidacoches serán peligrosos.
Las chicas de la noche serán perseguidas.
Los docentes no podrán quejarse por abajo del sueldo.
Los trapitos serán un trapo más para las celdas.
Los trabajadores podrán ser explotados sin derecho a queja.
Las cárceles se llenarán más de pobres.
Te multarán la ideología y hasta el pensamiento
y cumplirás la pena con prisión domiciliaria o efectiva
cómo escarmiento, pero deberás pagar.
Ya están silenciados los comunicadores "no oficialistas".
Habrá censura, censura y más censura.
La protesta es un crímen de ahora en más
y el hambre se dispersará con balas. 
Podrás ser detenido por portación de rostro,
por sospechoso de golpista o subversivo.
Las voces del pueblo serán desestabilizadoras
para el gobierno dictatorial...
 
Alabarás al "coso" sobre todas las cosas
o de lo contrario harás silencio
porque ellos saben que el silencio es salud
y ya no podrás demostrar tu descontento.
 
Dame el diario de otro tiempo. 
Creí que "Nunca Más" era Nunca Más...
 
*(Lucio Albirosa)
 
Fuentes: Revista Crítica, Diario de Izquierda, Periodistas Independientes.

Fotos: gentileza de RCA Prensa y Comunicaciones Mendoza. 

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